A iniciativa del Ejecutivo Federal, el viernes pasado se presentó ante la Cámara de Diputados el proyecto de decreto para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, dentro de las que destaca la creación de la nueva Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.
“A través de acciones y políticas públicas concretas, basadas en los principios de utilidad, interés público, honradez y el uso de ciencia e innovación, maximizaremos la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos, materiales y humanos del gobierno Federal”, se lee en la iniciativa, otorgándole mayor peso a la ciencia y agregándola en diferentes instancias públicas.
Para el cambio se tomó como fundamento considerar que el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), aun con las modificaciones del sexenio pasado, no logró cubrir las expectativas del sector. “A partir del año 2002 el estado mexicano influenciado por la ideología neoliberal, inició un proceso de reestructuración del actual Conahcyt, sin profundizar y garantizar lo que nuestro país requiere en dichas materias”.
El documento señala que la opinión pública llegó a catalogar a dicha institución como “una agencia de becas” o como la institución responsable “de la pérdida de fideicomisos, lo que implicó perder la operatividad que proporcionaban los fondos provenientes de las secretarías”. También asegura que persiste la exigencia de diversos sectores para lograr tanto la soberanía científica como la independencia tecnológica de México, “a través de la formulación de políticas públicas en materia de HCTI, así como de centralizar y reordenar dicha institución, evitando duplicidad de funciones”.
Agrega que la complejidad de los temas obliga a resignificar el alcance de la institución y en correspondencia, el diseño e implementación de estrategias gubernamentales de la Ley Orgánica específicas desde la Administración Pública Federal, por eso “se hace necesario reformar la actual Ley Orgánica de la APF, con el objetivo de brindar coherencia y legalidad a los entes encargados del diseño e implementación de planes, programas y acciones”.
